Ley Correos SPAM innecesaria en República Dominicana

Actualmente en la Cámara de Diputados de la República Dominicana está en proceso de vistas públicas un proyecto de Ley que busca regular el envío de correos electrónicos comerciales (SPAM) no solicitados, con lo que se pretende evitar el envío de correos electrónicos (email) conocidos como email basura o SPAM, una práctica molestosa que en ocasiones puede estar vinculada a delitos electrónicos como robo de identidad, propagación de virus informáticos o ataque a servidores de Internet. Pero que no se detendría en lo más mínimo con una ley de esta naturaleza, que aunque tiene una buena intención, actualmente está siendo utilizada por sectores interesados y juristas desconocedores del tema para incluir elementos perturbadores que podrían afectar el desarrollo del mercadeo electrónico o e-marketing en el país, pues se quiere introducir la autorización expresa previa del receptor o destinatario del email publicitario (Opt in) y algunos extremistas han hablado hasta de privación de libertad. Desconociendo que no puede clasificarse como SPAM un envío de email cuando el correo electrónico publicitario se envía desde un origen conocido e identificable que incluye el mecanismo de dar el alta para dejar de recibir posteriores emails (unsubscribe), que es como realizan los envíos masivos las pequeñas empresas que se dedican a este tipo de práctica en el país, las cuales serían las más afectadas con esta iniciativa que le haría mucho daño a decenas de jóvenes que en todo el país han encontrado en esta modalidad la forma de ganarse la vida honradamente, brindando además servicios publicitarios de bajos costos a miles de empresas, políticos y comerciantes.

Entendemos que una Ley para regular el envío de correos electrónicos comerciales "SPAM" no solicitados sería imposible de aplicar en la realidad dominicana, y es totalmente innecesaria, inoportuna y perturbadora del desarrollo del mercadeo electrónico (eMarketing) en el país, pues con los marcos legales que tenemos bajo la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documento y Firma Digital, la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98, es más que suficiente, por lo que esperamos que el diputado del PLD por Azua, Víctor Sánchez, quien introdujo el proyecto de Ley, tome en cuenta estos elementos.