
Es importante señalar que ese 31% de impuestos directos lo pagarán los usuarios y colocará a la República Dominicana entre los primeros países con mayor carga impositiva al sector Telecomunicaciones en todo el mundo y es lo que en alguna medida explica que seamos de los países con las tarifas de Internet más elevadas y a lo cual hay que añadir los impuestos indirectos que pagan las empresas por las tarifas aduanales en la importación de equipos y materiales, así como el impuesto de un 25% que pagan sobre las ganancias. Lo cual afecta negativamente el sector de las telecomunicaciones que es uno de los tres sectores más pujantes y activos de la economía dominicana, convirtiéndose en los últimos cinco años en un eje cardinal del crecimiento que ha experimentado nuestro Producto Interno Bruto (PIB).
No podemos dejar que los Ayuntamientos, amparados en una de las tantas leyes sin sentido que tenemos en el país, afecten un sector tan importante en esta era del conocimiento, donde el acceso a la información y a la tecnología constituye la clave del desarrollo. Con el agravante de que esos recursos se van a esfumar, mal utilizar y sólo servirán para aumentar los sueldos en los cabildos.